La entidad adelanta no menos de 60 procesos por dicha causa. Uno de estos, el negocio de “las ambulancias en Bogotá”, informó el superintendente Pablo Robledo Del Castillo, durante un evento. Y otro, el negocio de las subastas ganaderas, según conoció LR.
Los únicos cuatro que han culminado, la SIC ya los divulgó: dos adelantados contra el Grupo Nule por colusión (acuerdo anticompetitivo) en los procesos de contratación pública para adjudicar la auditoría de dos contratos ante el Bienestar Familiar.
Otro, las sanciones a dos comerciantes de Corabastos que pactaron una estrategia de precios para ganar el contrato de suministro de abarrotes al Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron).
Y el cuarto, las penas impuestas a Valme Limitada, y los integrantes del consorcio H&F ((Fundación Colombia Viva y Héctor Eduardo Ríos Fuentes), por llegar a un acuerdo para ganar la licitación de la refacción de la Asamblea Departamental de Arauca. En todos, los castigos fueron en dinero.
¿Cómo es el proceso?
El organismo de control comenzó las más de 60 pesquisas que se han producido a la fecha, con el respaldo de la Ley 1340 de 2009, que actualizó las normas de protección de la competencia y le da más herramientas a las autoridades para que protejan el desarrollo legal del mercado nacional.
Un aparte del artículo 14 de dicha norma señala que la Superintendencia podrá conceder beneficios a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en un cartel. A cambio, deben informar de la existencia del grupo y entregar información y pruebas, incluyendo la identidad de los cómplices, aún cuando ya se adelanten las indagaciones.
El desarrollo del plan, sin embargo, está todavía crudo. Robledo indicó que la Superindustria está en un proceso de divulgación y por eso ha puesto mensajes institucionales en medios impresos y emisoras, en busca de delatores. “Se vienen campañas en salas de cine y televisión”.
Fuentes consultadas por LR informan que solo dos casos han avanzado por delación, cifra en la que no están las cementeras. El resto ha sido resultado de la labor de la entidad.
La colaboración comienza con la llegada del empresario y su abogado al organismo. El acercamiento, sin embargo, no garantiza el perdón o la rebaja de la pena, que es económica: contra la compañía puede alcanzar los $60.000 millones y para la persona, hasta $1.200 millones.
Sergio Fajardo Maldonado, profesor de derecho de competencia de la Universidad de la Sabana, explica que la “gran complejidad de estos procesos” son las pruebas. “Las actividades empresariales no son públicas. Muchas son privadas, y el límite entre la buena fe y la competencia desleal es muy delgadito”.
Las etapas de los procesos contra carteles son tres. La indagación preliminar, que incluye las visitas confidencias de la SIC a las empresas.
La investigación formal. Resulta de la primera si hay indicio de un acuerdo ilegal. En esta se da el pliego de cargos, que es la notificación a las compañías de que son investigadas. Al final, el delegado para la Protección de la Competencia rinde con informe motivado, una especie de acusación, y le recomienda al Superintendente de Industria y Comercio la sanción o exoneración.
Por último, la etapa de juzgamiento. El Superintendente reúne a su equipo de expertos (4 economistas y 1 abogado), para estudiar el informe del delegado y la defensa de los implicados. Luego, emite la resolución.
Momentos de la delación
“El grado de disminución de la sanción, dependerá del nivel de las pruebas”, explicó la fuente en referencia a qué beneficio se puede obtener cuando las pesquisas no cuentan con delaciones.
Hay tres momentos. Uno, si la Superintendencia desconoce del cartel y el delator entrega pruebas contundentes, en especial documentos, que sirven de base a la investigación. De ser así, es muy probable que la exoneración sea completa.
Si ya está en desarrollo la averiguación preliminar, el colaborador negocia la reducción de la pena. La tercera opción es que ya exista la investigación formal y aparezca el testigo. Con ello se debe rehacer el pliego de cargos para permitir la defensa de los sospechosos. El único requisito que debe cumplir el delator es no ser el instigador o determinador del cartel. La razón es sencilla: la norma no permite que se le concedan ninguna clase de beneficios.
El caso de las cementeras
Uno de los casos de cartelización, conocido este año, involucra a las cementeras Argos, Cemex, Holcim, Cementos Tequendama y Cemento San Marcos. Y además, a 14 personas entre directivos y exdirectivos. El pliego de cargos se centra en el “presunto acuerdo de fijación de precios y reparto de mercados” entre las empresas, “que habría derivado en incrementos sostenidos e injustificados en los precios del cemento gris desde enero de 2010, fecha a partir de la cual la SIC monitoreó el mercado y recaudó información y pruebas sobre este segmento de la economía”.
La opinión
Pablo Felipe Robledo del Castillo
Superintendente de Industria y Comercio
“La figura de las delaciones existe desde 2009 en Colombia. Es lo mismo que la Fiscalía y el principio de oportunidad. En este momento tenemos dos casos con delaciones, y los procesos contra las cementeras y las azucareras están cada uno en etapa de pruebas”.
Tomado de: larepublica.co
